PROPUESTA DE REGLAMENTACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA Y AL CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E INFORMADO

Los pueblos y organzaciones indígenas de Colombia reprensentados en sus principales organizaciones de carácter nacional con asiento en la Mesa Permanente de Concertación (MPC), integrada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), la Confederación indígena Tayrona (CIT), Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y Autoridades Tradicionales – Gobierno Mayor, nos permitimos presentar ante el Gobierno Nacional, la opinión pública nacional e internacional nuestro posicionamiento político frente al reciente proyecto de reglamentación del derecho fundamental a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado radicado ante la MPC para ser consultado con los pueblos y comunidades indígenas.

      I.        Contexto.

En primer lugar lamentamos que en esta coyuntura especial y determinante para el País y nuestros pueblos, después de que por décadas los Pueblos indígenas nos hemos movilizado por la Paz de Colombia fue el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con el que coindimos en una salida política y negociada al conflicto armado materializada recientemente con el nuevo acuerdo de paz final y definitivo suscrito en la Habana – Cuba el pasado 12 de Noviembre. Seguimos y seguiremos jugados por la paz estable y duradera, por una paz completa señor Presidente.

 

Al tiempo que lo hemos acompañado en su gesta por la paz junto al Pueblo Colombiano que lo hace merecedor hoy del premio nobel de la Paz 2016, nos resulta inconsecuente que en tiempos de paz su gobierno pretenda seguir desconociendo los derechos ancestrales, internacionales, constitucionales y legales que nos han permitido pervivir como pueblos milenarios, como sujetos políticos, como actores fundamentales en la transformación de la paz con justicia social. 

 

Colombia cuenta con una tradición jurídica y política de las más avanzadas en el continente sobre el derecho fundamental a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, la Corte Constitucional Colombiana ha emitido alrededor de 90 sentencias sobre proyectos, obras, extracción de recursos naturales;  así como, sobre la consulta de medidas administrativas y legislativas. Estas sentencias han sido expedidas en un contexto flagrante de violaciones a los derechos de  nuestros pueblos, que nos hemos visto abocados a denunciar ante distintas instancias judiciales, en especial ante este Alto Tribunal.

Asimismo, denunciamos que nunca hubo voluntad política del Gobierno Nacional para  someter a consulta las medidas administrativas y legislativas, que hoy, a través del Proyecto de Ley Estatutaria radicado ante la Mesa Permanente de Concertación – MPC[1], no podrían consultarse, violando nuestros derechos fundamentales y excluyendo con ello, precedentes judiciales[2] de gran importancia, no solo para los Pueblos Indígenas de Colombia sino del mundo.

    II.        Antecedentes.

La reglamentación del derecho fundamental a la consulta y el consentimiento previo libre e informado, se ha abordado en algunas oportunidades en la agenda de la MPC, que es el escenario en el cual se consultan, las medidas administrativas y legislativas, con los Pueblos Indígenas en los términos que establece el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991.

Según el Sistema de Información ISAA de la Mesa Permanente de Concertación, este tema se abordó en la sesión del 12 de marzo de 2008, en sesiones de la MPC de 2012 y en Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Para ese entonces[3] los delegados y delegadas indígenas manifestaron que no se requería de una Ley que reglamentara la consulta previa, toda vez que existe la Ley 21 de 1991, la cual ratifica el Convenio 169 de la OIT. Por lo anterior, se acordó formular unos protocolos metodológicos generales para llevar a cabo las consultas y desarrollar lo que exige la Ley 21 y la jurisprudencia.

En el actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, los Pueblos Indígenas en aras de avanzar con las propuestas que ya se traían de acuerdos anteriores, propusieron “Concertar la construcción, expedición e implementación de  protocolos de coordinación para la implementación efectiva del derecho a la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado de medidas administrativas[4]. No obstante, el Gobierno no aceptó esta propuesta y la limitó a la realización de una reunión con el señor Ministro del Interior “para sentarse a escuchar argumentos, criterios y mecanismos para la reglamentación del derecho a la consulta”[5].

Sin embargo, en este escenario y frente a la insistencia de los delegados y delegadas, acordamos “fortalecer el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, mediante la realización de foros, espacios de diálogo y otros, con la sociedad colombiana, definidos conjuntamente entre las Autoridades y Organizaciones Indígenas y el Gobierno Nacionalacuerdos que a la fecha no han sido cumplidos en los términos pactados.

Nueve meses después de la sesión que protocolizó la consulta y concertación de los acuerdos con Pueblos Indígenas en el marco del Plan, el Gobierno Nacional solicitó incluir el tema en la sesión de la MPC realizada en octubre de 2015. En esa oportunidad,  luego de un intenso debate se concertó una ruta de acercamiento, en la cual se acuerda: Establecer un dialogo entre los Pueblos Indígenas y el  Gobierno Nacional sobre el Derecho Fundamental a la Consulta Previa y su aplicación en el ámbito nacional. Como parte de este acuerdo se definen tres actividades: (i) La realización de un foro sobre el Derecho Fundamental a la Consulta Previa, para lo cual las organizaciones indígenas participarían en la definición de la metodología para su realización (ii)Un espacio autónomo de los delegados y delegadas indígenas (iii)Una reunión de presidentes en la cual se analizaría el instrumento de política pública más pertinente para la reglamentación. 

En el año 2016 el tema se volvió a abordar en las sesiones del 18 y 19 de julio y en la sesión extraordinaria realizada el 19 de septiembre de este mismo. En ambos espacios los delegados y delegadas indígenas insistieron en el cumplimiento de la ruta de acercamiento pactada,  en lo cual, estuvo de acuerdo el Señor Ministro del Interior al afirmar que no se vino a la sesión a discutir el tema de la consulta previa, sino que se vino a retomar la ruta de acercamiento que se acordó en el año 2015, resalta que no se trajo un documento, sino que se tiene la disposición para dialogar, y manifiesta que si no se puede establecer un clima de confianza, sería muy complicado avanzar en el tema[6].

Pese a esta declaración de voluntad y de establecer un clima de confianza desde el Ministerio del Interior, fue desconcertante que casi un mes después el Gobierno Nacional radicara un documento de forma unilateral que desconoce el bloque de constitucionalidad y los estándares nacionales e internacionales en la materia, vulnerando nuestros derechos y poniendo en riesgo nuestra pervivencia.

Denunciamos que esta propuesta de Ley Estatutaria se radicó sin que se cumpliera la ruta pactada desde hace más de un año, sin que se acordara el instrumento jurídico más idóneo para la reglamentación del derecho fundamental a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, violando todos los acuerdo pactados en la Mesa Permanente de Concertación, Pese a que los acuerdos de las sesiones de la MPC son la evidencia política más importante, y tienen un carácter vinculante, según lo establecido por la Corte Constitucional Colombiana.

   III.        Posicionamiento.

 

DENUNCIAMOS que lo planteado por el Gobierno Nacional en la propuesta de Ley Estatuaria radicada, es una afrenta sin precedentes que viola de manera directa el bloque de constitucionalidad, la jurisprudencia nacional e internacional, y los derechos fundamentales y colectivos de los Pueblos Indígenas y demás grupos étnicos del país.

ANUNCIAMOS que el contenido del articulado propuesto por el Gobierno en su conjunto,  acelera el exterminio y la extinción física y cultural de nuestros pueblos, para el beneficio de las empresas privadas y multinacionales, que responde a intereses económicos, políticos y geoestratégicos que atentan contra los territorios y la vida de todas y todos los colombianos, así mismo fomenta nuevamente la instauración de relaciones coloniales, esclavistas.

Por las razones expuestas anteriormente, RECHAZAMOS el proyecto de Ley Estatutaria presentado por el Gobierno Nacional el pasado 28 de octubre de 2016 y EXIGIMOS al Gobierno Nacional, en cabeza del Sr. Presidente de la República, el Sr. Vicepresidente de la República y el Ministro del Interior, RETIRAR el proyecto de Ley Estatutaria radicado ante la Secretaría Técnica de la Mesa Permanente de Concertación, para construir una propuesta conjunta como lo manifestó el Ministro del Interior, y según la ruta de acercamiento pactada desde octubre de 2015.

 

RATIFICAMOS al Gobierno Nacional y a la Sociedad en general, que NO RENUNCIAMOS al derecho fundamental a la consulta y al consentimiento previo libre e informado, por cuanto este derecho ha sido producto de la lucha y de la sangre derramada por nuestros líderes y líderesas. 

 

EXIGIMOS el respeto del territorio, como fuente primordial de subsistencia de los Pueblos Indígenas, para lo cual afirmamos que la última instancia decisoria sobre nuestros territorios y nuestros derechos estará a cargo de nuestras estructuras propias de Gobierno representada en nuestros Pueblos y comunidades, y bajo ninguna circunstancia permitiremos que algún actor del Gobierno o de la empresa privada, decida sobre nuestros destinos.

 

LlAMAMOS a todos los Pueblos, Comunidades, Autoridades y Organizaciones Indígenas de Colombia de crácter local, zonal y regional a enfrentar unitariamente esta amenza contra la vida, la autonomía, el territorio y la cultura de nuestros pueblos. La sangre derramada por nuestros mártires no ha sido suficiente para alcanzar la paz en nuestros Pueblos, sino que ahora tendremos que resistir frente al establecimiento político y económico que enfila sus intereses sobre nuestros territorios y recursos pretendiendo aniquilar de un plumazo las conquistas que los pueblos hemos alcanzado en las últimas décadas.

 

SOLICITAMOS a todos los Pueblos del mundo, a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos (OEA), y en especial a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a acompañar a los Pueblos indígenas de colombia en esta amenza latente de sus derechos, e instar al Estado Colombiano a cumplir los estándares internacionales en materia de consulta y consentimiento previo, libre e informado.

 

CONVOCAMOS a la sociedad colombiana, en especial al Pueblo Afrocolombiano, al Pueblo Rrom, a las organizaciones sociales y populares, a los ambientalistas, a la academia,  y a todos los defensores y defensoras de los derechos constitucionales y colectivos, a UNIRNOS en defensa de la vida de nuestros pueblos y de toda la humanidad.

 

No cesará nuestra lucha en defensa de la vida y la protección de nuestros territorios.